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El juicio por el asesinato de Luis Espinoza y la privación de la libertad y lesiones a Juan Espinoza por parte de la policía de Tucumán está llegando a su instancia final. El debate oral comenzó el 24 de octubre pasado en el Juzgado federal, con el Tribunal integrado por los jueces federales Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga, Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Jorge Basbús.

Son nueve los imputados que están acusados por los delitos de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, por haberse cometido mediante abuso de la función como integrantes de miembros de la fuerza y por el empleo de armas de fuego: José Morales (oficial auxiliar), Rubén Montenegro (subcomisario), Miriam González (cabo), René Ardiles (sargento), Víctor Salinas (sargento), Carlos Romano (cabo), José Paz (cabo), Gerardo González Rojas (agente) y Claudio Zelaya (cabo). También fueron imputados los civiles Fabio Santillán (vigía municipal) y Álvaro González, por haber participado del encubrimiento. 

Las organizaciones y familiares de víctimas del gatillo fácil y la impunidad acomapñan a la familia desde un primer momento para evitar que el crimen quede impune. En ese sentido, en esta etapa final, publicaron un comunicado firmado por 55 organizaciones en el que describen los hechos que lograron ser probados durante el juicio.

“La lucha de la familia Espinoza y sus vecinos permitió quebrar el operativo de impunidad que montaron los responsables. Ese mismo día, cuando en la comisaría Monteagudo le negaron información sobre el paradero de Luis, cortaron la ruta 157; comenzaron una búsqueda con sus propios medios e hicieron pública la denuncia de la desaparición”, esgrimieron en el escrito.

Por otro lado, mencionaron que “lo que le pasó a Luis y a Juan no constituye un hecho aislado sino que se suma a la larga lista de casos de gatillo fácil, femicidios, torturas y apremios en las comisarías. Los casos se repiten por la impunidad que le garantiza el Estado a los aparatos represivos”.

Además, mencionan los hechos recientes donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia, anuló dos fallos que condenaban a los policías que asesinaron a Miguel Reyes Pérez y Facundo Ferreira. “Dan cuenta que desde la justicia se legitima el gatillo fácil. Detrás está la mano del gobierno provincial que necesita de la policía para la represión y preservar los intereses de los poderosos”, denunciaron.

La sentencia se conocerá el 27 de marzo.

Luis Espinoza fue hallado sin vida, envuelto en bolsas de plástico y encintado, en la zona de Alpachiri, provincia de Catamarca, a unos 200 metros del límite con Tucumán. El trabajador rural de 31 años estuvo desaparecido durante 7 días.

El viernes 15, la policía tucumana intervino para dispersar una cuadrera no autorizada. Luis y su hermano Juan Antonio pasaban, en camino desde su casa en Rodeo Grande a la de una familiar en el paraje El Melcho. Los policías golpearon a Juan hasta dejarlo inconsciente, pero antes de desvanecerse pudo ver que uno de los policías disparaba contra Luis y que lo cargaban en una camioneta. Nunca más se supo de él.

El cuerpo de Luis fue hallado en un precipicio de 150 metros de profundidad y envuelto en bolsas rodeadas de cintas el 21 de mayo.

Exigimos justicia por Luis y para Juan, el castigo y condena a todos los res-ponsables. Basta de gatillo fácil y desapariciones en democracia. El Estado es responsable. Desmantelamiento del aparato represivo

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